Oferta inmobiliaria: yacimiento a la venta

En los sueños húmedos de algunas de cuantas se dedican a esto de la arqueología aparece de manera recurrente la posibilidad de adquirir su propio yacimiento arqueológico. Se trata, posiblemente, de uno de los efectos de nuestra socialización como investigadores. Quien más, quien menos, todas hemos llevado a cabo nuestro aprendizaje en entornos en los que al menos una o dos personas disfrutaban, casi en régimen de propiedad, de acceso en exclusiva a determinados yacimientos y, con ello, del monopolio sobre su información. Pues bien, ¿por qué no hacerlo realidad? Ahora que estamos aún en un periodo de gangas inmobiliarias, ¿por qué no comprar nuestro propio yacimiento? Hoy os invitamos a visitar con nosotras el yacimiento paleolítico piloto de Pena Grande, en la provincia de Lugo.

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Mucha piedra güena para edificar aquí. Fuente: eldiario.es

Sería engañoso que os presentáramos el yacimiento de Pena Grande, uno de los principales del paleolítico en esa región, como una ganga: ya son tres las veces que el Ministerio de Hacienda ha intentado venderlo, siempre sin resultado. Sí, tres. Porque sí, han intentado vender un yacimiento arqueológico: lo habéis leído bien. Hace unas semanas lo comentábamos en Excavar en Tiempos Revueltos. Lo hicimos justo en el momento en el que la controversia por la noticia alcanzaba un pico informativo (un resumen de toda la movida lo podéis encontrar aquí). Ahora que han pasado unas semanas conviene volver sobre el caso para analizar con un poco más de detalle lo que ocurrió en aquellos días. Así somos en el GAS: caminamos (lentamente) al filo de la noticia porque vamos lejos en nuestras críticas… o algo así. Pero sigo, que me estoy liando.

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Y es que alertaban desde Hacienda del carácter peligroso del yacimiento. Aquí, a punto de devorar a un grupo de escolares. Fuente: aquí

La liebre saltó a nivel estatal cuando a finales de noviembre de 2017 distintos medios de comunicación como este y este publicaron la noticia de que Hacienda pretendía vender Pena Grande por un precio de salida de unos 8.000€, pieza de sílex arriba o abajo. El yacimiento formaba parte de un paquete de fincas, resultado de la concentración parcelaria, que se había declarado alienable ya en el verano de 2016. En el Ayuntamiento de Vilalba el alcalde, Agustín Baamonde, del PP (y buen conocedor del cargo, por lo visto) se mostraba tranquilo: si seguía en manos públicas, pues santas pascuas, aunque tampoco parecía muy interesado por la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda cediera al Ayuntamiento los terrenos (como sí exigieron otros grupos políticos como el PSdeG); y si pasaba a manos privadas, pues ya se arreglaría lo del acceso y tal, porque como seguramente fuera Bien de Interés Cultural (BIC)… Pero resulta que no lo era. ¿Y la Xunta? Pues ni estaba ni se la esperaba. ¿Y Montoro? Pues ni se había enterado de lo que estaba sucediendo, afirmaban algunos medios. No, si ya se sabe que la Prehistoria no figura entre sus principales preocupaciones.

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“Esto, me importa a mí la Prehistoria. Esto”. Montoro dixit. Fuente: aquí

En estas estaba la cosa cuando la Asociación Cultural Cultura do País lanzó una campaña de micromecenazgo con el fin de recaudar dinero suficiente para adquirir el predio en el que se encuentra Pena Grande. Lo hacían, explicaban, con el propósito de que, si no se conseguía evitar la puja (que era lo ideal), al menos tuvieran la opción de comprarlo para garantizar que la ciudadanía mantuviera el acceso al yacimiento. Finalmente, no fue necesario realizar tal desembolso. Montoro, alertado por un diputado de En Marea en el Congreso, supo del destino que aguardaba al yacimiento y decidió paralizar el expediente. A principios de este año el diario de añejo título El Progreso informaba, además, de que el Ministerio cedería el terreno del yacimiento al Concello de Vilalba, cuyo alcalde no parece manifestar una gran impaciencia por formalizar la cesión.

PenaGrande-AgustínBaamonde

“Pffff. Un yacimiento. ¡Qué pereza! ¿Y ahora dónde pongo yo eso”. Fuente: aquí

Visto en perspectiva, todo este recorrido recoge muchas de las cuestiones que nos formulamos desde que empezamos a abordar esto de la gestión del bien común. Lo primero y más evidente es el vínculo entre el mercado inmobiliario y la potencial destrucción o privatización del bien común, que es por lo que en este caso saltó la liebre y en lo que se insistía en ese gran programa de radio que es Excavar en Tiempos Revueltos. A renglón seguido nos encontramos con la desidia de unos políticos cuya ignorancia de los bienes que gestionan (e interesada promoción de otros) pone en peligro yacimientos como el de Pena Grande. La construcción del patrimonio, desde los discursos hegemónicos, como definición de lo que es histórica y culturalmente relevante, se manifiesta aquí en su dimensión negativa. Y a partir de aquí surgen las preguntas. ¿Habría justificado esta situación la adquisición del yacimiento por parte de una asociación cultural? De haberse producido, ¿podría interpretarse como una batalla ganada por la sociedad civil contra la dejadez de las instituciones y de sus representantes políticos; como la recuperación de un bien común? ¿Conforme a qué modelo se habría gestionado entonces? ¿Con qué recursos? ¿Pero es que acaso la administración dispone de esos recursos? ¿Hay voluntad política para destinarlos a la investigación, conservación y divulgación de yacimientos como Pena Grande? Y, en cualquier caso, ¿cabe obviar que tal proceder habría contribuido, aun cuando fuera en manos de tal organismo, a una privatización efectiva de un bien que hasta ese momento era público? ¿Y si lo mismo ocurriera en otros casos? Por otra parte, no solo las personas son ciegas: también lo son las instituciones, que en ocasiones no disponen de los mecanismos para adquirir e integrar en sus decisiones factores socialmente relevantes como es la presencia de un yacimiento arqueológico. Es muy significativo que el conocimiento sobre lo que estaba ocurriendo llegara al ministro no a través de canales institucionales, sino gracias a una conversación privada –aunque fuera en el Congreso de los Diputados– entre Montoro y un diputado de En Marea. ¿Qué habría pasado si en este momento la correlación de fuerzas políticas hubiera sido otra; si Miguel Anxo Fernán Vello no hubiera estado en el Parlamento? ¿Se habría logrado detener la venta del yacimiento? ¿O habría corrido la misma suerte que sufren tantos otros yacimientos, ya sea bajo el foco, ya en la penumbra, de los intereses institucionales y políticos? ¿Podemos defender, como sugiere este joven, que el caso muestra la efectividad de la lucha política y la movilización social? ¿O debemos preocuparnos por la ausencia de garantías institucionales para la protección del bien común? No pretendo aquí sino mostrar algunos de los hilos que evidencian la complejidad del debate en torno a la cuestión de los bienes comunes y de su gestión y, sobre todo, la manera en la que se engrana con el contexto institucional y político en el que ahora mismo nos desenvolvemos. No hay respuestas simples, y en cualquier caso las soluciones solo pueden ser colectivas.

El Perro de Chuláinn

 

 

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